En defensa de la propiedad privada

La propiedad privada está sufriendo una creciente erosión en España cuyo salto cualitativo o, mejor, su expresión más radical y simbólica es le Proyecto de Ley en materia de vivienda remitido por el Gobierno al Parlamento. Este es, de momento, el punto álgido, de un proceso de restricción y paulatino vaciamiento de ese derecho, resultado de la insuficiente protección que le proporciona la Constitución y de la desidia, cuando no de la negligencia de la derecha española cuando ha ostentado el poder.

Si bien se tienden a enfatizar las consecuencias económicas de esas iniciativas, es preciso elevarse por un momento al terreno de los principios, para mostrar la decisiva importancia de la propiedad privada para garantizar la libertad y, en el extremo, la supervivencia del individuo.

 

Para que eso sea posible, cada persona ha de tener los instrumentos adecuados para sobrevivir por sus propios medios. Esto exige, asimismo, que tenga el derecho de propiedad sobre su cuerpo, libre de las injerencias de otros sujetos y del propio Estado. El hombre tiene capacidad de pensar, de evaluar y de elegir los medios necesarios para subsistir y prosperar. Ello implica que el derecho de propiedad sobre él mismo se extienda también al control y apropiación de los elementos que garantizan su existencia; en una palabra, de los frutos de su esfuerzo, de su talento, de su creatividad, y a intercambiarlos de manera voluntaria con otras personas sin, en ningún caso, recurrir a la violencia, a la coacción o al fraude.

‘El derecho de propiedad es imprescindible, tanto para asegurar la libertad individual como para promover la creación de riqueza’

 
Esos son requisitos indispensables para salvaguardar la vida y la libertad y, cuando se ponen en entredicho, ambas peligran. Ningún Sumo Legislador creó ni inventó la propiedad privada y su justificación no necesita de la apelación al iusnaturalismo, aunque éste es un enfoque habitual y atractivo, para dotarla de un fundamento sólido. Su desarrollo, su protección y su extensión han sido el resultado de un proceso evolutivo y, casi siempre, la sanción de una realidad fáctica: ser la forma más adecuada para gestionar los recursos escasos sin convertir el orden social en una lucha de todos contra todos en la que ganan los más fuertes. Esta concepción, se consolidó de manera progresiva a lo largo del tiempo y dio lugar a un statu quo reconocido por el Estado, una de cuyas funciones básicas y legitimadoras era protegerla y defenderla.

 

La propiedad constituye la médula de todos los demás derechos individuales y es la fuente más poderosa para restringir la coerción estatal. El Estado protege al individuo frente a la agresión de terceros, pero la propiedad le protege frente a la del Estado. En pura lógica, el resto de las libertades (religiosa, de expresión, de pensamiento, etc…) no son otra cosa que manifestaciones y extensiones del derecho de propiedad sobre uno mismo, acotado sólo por la propiedad-libertad de los demás. Es inconsistente conceder o reconocer el derecho de cada persona a su libertad personal; es decir, a la propiedad de su propio cuerpo y, al mismo tiempo, negar o condicionar su ejercicio cuando se refiere a la posesión de bienes materiales. Esta distinción refleja una esquizofrenia intelectual insostenible. La configuración de un círculo de autonomía alrededor del individuo supone asumir un campo de dominio o de propiedad absoluta de éste sobre aquella. En este contexto, la única limitación coherente y aceptable, no se olvide, es el principio de igual libertad de los otros, el respeto a su autonomía.

La defensa de la propiedad privada está también ligada a la sabia proposición kantiana en virtud de la cual las personas son fines en sí mismas y no recursos explotables. Esto equivale a decir que no pueden ser sacrificadas para alcanzar otras metas sin su consentimiento. El motivo es la existencia de vidas individuales separadas con proyectos y valores distintos, intransferibles y no comparables. Por otro lado, no existe ente social alguno con vida propia, independiente, al margen o por encima de los individuos que lo componen. Ninguno de los lectores de este artículo ha hablado en su vida con la sociedad, sino con personas concretas que son las únicas que existen en la realidad.

Adoptar una posición contraria supone conceder a algunos individuos o al Gobierno el poder para perseguir cualquier fin e imponérselo a los demás mediante la fuerza, mientras estos tienen la “obligación ética” de poner sus vidas a su servicio, sutil reformulación de la esclavitud. Si se acepta que el principio de no agresión ha de regir las relaciones interestatales, resulta inaceptable que no se predique lo mismo a las existentes entre el individuo y el Estado. De nuevo, la propiedad privada es un obstáculo para quienes quieren colectivizar la sociedad.

Impacto en la economía

 

La propiedad privada en España se ha visto debilitada de manera sustancial. No sólo las leyes sino un sinfín de normas de naturaleza administrativa la han transfigurado en un cascarón vacío, cuyo ejercicio y contenido están sujetos a la discrecionalidad de los poderes públicos. El derecho a la propiedad aparece como un mal tolerable bajo ciertos límites. A pesar de la evidencia, lo que hace necesario retornar a la economía las sociedades con derechos de propiedad débiles tienen menos crecimiento. Este Gobierno y la izquierda en general no entiende que la “función social” de la propiedad, concepto lamentable, consiste en que ésta desempeñe su papel; esto es incentivar inversiones a largo plazo y posibilitar la constante reasignación de los recursos. Por eso, el derecho de propiedad es imprescindible, tanto para asegurar la libertad individual como para promover la creación de riqueza.

 

Lorenzo Bernaldo de Quirós,

Vicepresidente Instituto Von Mises Barcelona

Artículo publicado originalmente en El Mundo

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