En defensa de la propiedad privada
La propiedad privada está sufriendo una creciente erosión en España cuyo salto cualitativo o, mejor, su expresión más radical y simbólica es le Proyecto de Ley en materia de vivienda remitido por el Gobierno al Parlamento. Este es, de momento, el punto álgido, de un proceso de restricción y paulatino vaciamiento de ese derecho, resultado de la insuficiente protección que le proporciona la Constitución y de la desidia, cuando no de la negligencia de la derecha española cuando ha ostentado el poder.
Para que eso sea posible, cada persona ha de tener los instrumentos adecuados para sobrevivir por sus propios medios. Esto exige, asimismo, que tenga el derecho de propiedad sobre su cuerpo, libre de las injerencias de otros sujetos y del propio Estado. El hombre tiene capacidad de pensar, de evaluar y de elegir los medios necesarios para subsistir y prosperar. Ello implica que el derecho de propiedad sobre él mismo se extienda también al control y apropiación de los elementos que garantizan su existencia; en una palabra, de los frutos de su esfuerzo, de su talento, de su creatividad, y a intercambiarlos de manera voluntaria con otras personas sin, en ningún caso, recurrir a la violencia, a la coacción o al fraude.
‘El derecho de propiedad es imprescindible, tanto para asegurar la libertad individual como para promover la creación de riqueza’
La propiedad constituye la médula de todos los demás derechos individuales y es la fuente más poderosa para restringir la coerción estatal. El Estado protege al individuo frente a la agresión de terceros, pero la propiedad le protege frente a la del Estado. En pura lógica, el resto de las libertades (religiosa, de expresión, de pensamiento, etc…) no son otra cosa que manifestaciones y extensiones del derecho de propiedad sobre uno mismo, acotado sólo por la propiedad-libertad de los demás. Es inconsistente conceder o reconocer el derecho de cada persona a su libertad personal; es decir, a la propiedad de su propio cuerpo y, al mismo tiempo, negar o condicionar su ejercicio cuando se refiere a la posesión de bienes materiales. Esta distinción refleja una esquizofrenia intelectual insostenible. La configuración de un círculo de autonomía alrededor del individuo supone asumir un campo de dominio o de propiedad absoluta de éste sobre aquella. En este contexto, la única limitación coherente y aceptable, no se olvide, es el principio de igual libertad de los otros, el respeto a su autonomía.
Adoptar una posición contraria supone conceder a algunos individuos o al Gobierno el poder para perseguir cualquier fin e imponérselo a los demás mediante la fuerza, mientras estos tienen la “obligación ética” de poner sus vidas a su servicio, sutil reformulación de la esclavitud. Si se acepta que el principio de no agresión ha de regir las relaciones interestatales, resulta inaceptable que no se predique lo mismo a las existentes entre el individuo y el Estado. De nuevo, la propiedad privada es un obstáculo para quienes quieren colectivizar la sociedad.
Impacto en la economía
La propiedad privada en España se ha visto debilitada de manera sustancial. No sólo las leyes sino un sinfín de normas de naturaleza administrativa la han transfigurado en un cascarón vacío, cuyo ejercicio y contenido están sujetos a la discrecionalidad de los poderes públicos. El derecho a la propiedad aparece como un mal tolerable bajo ciertos límites. A pesar de la evidencia, lo que hace necesario retornar a la economía las sociedades con derechos de propiedad débiles tienen menos crecimiento. Este Gobierno y la izquierda en general no entiende que la “función social” de la propiedad, concepto lamentable, consiste en que ésta desempeñe su papel; esto es incentivar inversiones a largo plazo y posibilitar la constante reasignación de los recursos. Por eso, el derecho de propiedad es imprescindible, tanto para asegurar la libertad individual como para promover la creación de riqueza.
Vicepresidente Instituto Von Mises Barcelona
Artículo publicado originalmente en El Mundo