La falacia de la política de rentas (del control de precios, salarios y beneficios)

Expone Lorenzo Bernaldo de Quirós, en Actualidad Económica, que el Gobierno es una eficiente fábrica para producir malas ideas económicas y para reeditar viejas y fracasadas recetas. La cogestión fue una de ellas, la política de rentas otra. Plantearla, como eufemismo de control de precios, salarios y beneficios, es un paso más hacia el control estatal de la economía.

Practicada en los años 70 del siglo pasado en numerosos países industrializados, de facto como una distorsión de la democracia liberal y de la economía de mercado intervenida que la sustenta. Fue abandonada con posterioridad por su incapacidad para combatir la inflación rampante, con efectos contrarios a los objetivos que se perseguían por parte de los gobiernos y por la distorsión que introdujo en el funcionamiento de los mercados y, por tanto, en la evolución del sistema económico.

 

Se trataba, en definitiva, de una derivada del mantra de la planificación centralizada por parte del estado de la economía, como aproximación al modelo soviético, para corregir las llamadas ineficiencias del mercado y el impacto en precios de la inflación monetaria.

‘la tentación de extender los controles puede resultar irresistible para un Gobierno con una gran animadversión al capitalismo de libre empresa.’

Proponer una política de rentas –control de precios, salarios y beneficios- como arma contra la inflación supone desconocer la causa determinante de ese desequilibrio:

 

• Un shock negativo de oferta -un intenso encarecimiento de la energía-, tiene su impacto alcista sobre los precios, pero éstos no pueden seguir subiendo indefinidamente.
• A no ser que se ponga en circulación el dinero necesario para financiar esa alza. Visto en perspectiva, la existencia de una inflación larga y prolongada siempre ha venido acompañada de aumentos importantes y prolongados de la oferta monetaria.
• Toda expansión monetaria, generado un efecto inflacionista. En Europa. El BCE lleva una década inundando liquidez los mercados y, en los últimos años, monetizando deuda pública a una gigantesca escala.

Contrariamente, solo la disminución de la creación de dinero puede frenar una dinámica inflacionaria:

 

• El 25 de octubre de 1977, el Gobierno, los sindicatos, la patronal y el grueso de los partidos con representación parlamentaria firmaron los Pactos de la Moncloa para frenar la espiral precios-salarios desencadenada por el brutal efecto sobre la inflación a raíz generado por la escalada del coste del petróleo.
• Una de las piezas centrales de ese acuerdo fue ligar los incrementos de los salarios a la inflación prevista en lugar de a la pasada.

En los años posteriores, España fue incapaz de lograr una reducción progresiva del nivel general de precios. La razón es muy sencilla: el Banco de España mantuvo durante el periodo 1977-1982 una estrategia expansiva, lo que se tradujo en la persistencia de una alta tasa de inflación, el 14,6% de media en ese periodo. Esta no comenzó a descender hasta que Miguel Boyer instó al instituto emisor a endurecer su política monetaria.

Las variaciones en los precios y en los salarios relativos cumplen 2 funciones:

1. transmitir información a quienes actúan en los diferentes procesos de mercado.
2. proporcionarles incentivos para actuar la forma más eficiente posible orientados al consumidor.

Si se impide dicha lógica de los procesos de mercado, éste no es capaz de asegurar un equilibrio, ni siquiera aproximado, entre la oferta y la demanda, de modo que se producirá escasez de ciertos productos y excedentes de otros y lo mismo pasará con el factor trabajo.

Ningún pacto estatal o ningún decreto gubernamental puede establecer el nivel de precios y salarios que permita un nivel adecuado de beneficios para una economía.

Cualquier política de rentas – control de precios – que intente influir en los salarios deberá permitir que las empresas ajusten precios de forma que reflejen el coste de la mano de obra. Esto supone con seguridad que aquellos tenderán a fijarse sobre la base de los costes más un margen, eliminando la presión a largo plazo de la competencia y, de este modo, la correcta asignación de los recursos.

Además, si los márgenes de las empresas deben recortarse, como sugiere el Gobierno, muchos bienes y servicios cuya producción era antes rentable no lo será, con lo que muchas empresas se verán obligadas a cerrar o a despedir. Ese efecto se producirá también si, como sucede, con buena parte de las compañías, actúan en mercados competitivos en los que no deben trasladar a sus precios el aumento de los costes.

El panorama español se agrava por una serie de factores adicionales:

1. Las empresas, en especial, la mayoría de las pymes supervivientes a la crisis ocasionada por la pandemia no han recuperado la facturación previa a aquella; tienen un endeudamiento elevado y soportan una fiscalidad excesiva, entre otras interferencias.
2. Las empresas se ven golpeadas por una nueva perturbación por el lado de la oferta -la guerra ruso-ucraniana-, con un efecto alcista en sus costes.

En este contexto, pretender que las empresas reduzcan sus márgenes parece una broma pesada, puesto que para muchas empresas el problema real es, simplemente, tratar de sobrevivir.

Dada la coyuntura empresarial actual, la venidera y la fuerte caída de la productividad del factor trabajo, las demandas sindicales de elevaciones de salarios compensadoras del aumento del IPC, solo pueden ser consideradas como una temeridad y el apoyo gubernamental un claro ejemplo de demagogia.

En esta tesitura, la tentación de extender los controles –sea porque los vigentes no bastan o porqué han sido saboteados por los empresarios- puede resultar irresistible para un Gobierno con una gran animadversión al capitalismo de libre empresa.

En conclusión:

• Todas las políticas de rentas se han derrumbado tarde o temprano, porque la excesiva creación de dinero termina siempre por filtrarse a los precios y a los salarios.
• Tanto si el conflicto de Ucrania termina pronto como si no lo hace, la inflación persistirá en tasas elevadas hasta que el BCE decida elevar los tipos de interés y deje de monetizar la deuda.

Lorenzo Bernaldo de Quirós

Vicepresidente IvMB

 

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