Unas finanzas públicas insostenibles, por Lorenzo Bernaldo de Quirós

España está en el pórtico de entrada al Procedimiento de Déficit Excesivo tras haber cerrado unas cuentas públicas con desequilibrio del 3,6% del PIB en 2023, seis décimas por encima de los establecido por el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (PEC). Por otra parte, la acumulación de déficit se traduce en una ratio Deuda Pública/PIB/ del 107,7% del PIB, la cuarta más elevada de la Unión Europea. Este escenario es el resultado de la indisciplina presupuestaria del Gobierno, incapaz de articular un plan de consolidación fiscal encaminado a recortar el endeudamiento del sector público.

A pesar de ello, la propaganda gubernamental se felicita por haber reducido el déficit público al 3,6% del PIB frente al 3,9% presupuestado y, también, por el recorte de la participación de la deuda en ese indicador. Ahora bien, esos “éxitos” no son tales por dos razones básicas: primera, porque esa disminución obedece a razones coyunturales, en concreto, al incremento de los ingresos producido por el crecimiento del PIB nominal, por la inflación, por la subida de algunos tributos y por la creación de otros nuevos.

 

Como ha señalado el Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria en su informe Perspectivas Económicas de Primavera, el saldo presupuestario negativo disminuyó en 10.180 millones de euros en 2023 mientras la recaudación tributaria aumentó en 16.472 millones de euros. Esto supone una elevación del gasto de 6.292 millones de euros. El Gobierno ha empleado unos ingresos coyunturales y extraordinarios para gastar más en vez de para poner las finanzas públicas en la senda de la sostenibilidad.

‘La deuda pública mantiene su imparable carrera alcista. El año pasado escaló hasta los 1.573.754 millones de euros frente a los 1.502.799 en 2022’

España registra un déficit estructural entre el 4 y el 4,5% del PIB cuya corrección es imposible ante la desaceleración de la actividad económica, el descenso de la inflación y la falta de voluntad política para acometer un plan de reforma/recorte del gasto público, muchos de cuyos programas tienen vida propia, se enquistan en el Presupuesto y consumen cada vez más recursos, es el caso, entre otros, de las pensiones y de la sanidad. El Ejecutivo ha emprendido una fuga hacia adelante. Su política presupuestaria se asienta sobre arenas movedizas con bombas de relojería instaladas en sus inestables cimientos.

 

En este contexto, la deuda pública mantiene su imparable carrera alcista. El año pasado escaló hasta los 1.573.754 millones de euros frente a los 1.502.799 en 2022. España se encuentra entre los países del mundo con mayor deuda y 47,7 puntos por encima del 60% del PIB establecido en el PEC. Con serlo, el problema no es tanto su volumen o su elevada ratio con relación al PIB, sino la inexistencia de signo alguno que permita confiar en su reconducción a la sostenibilidad en el escenario del medio y del largo plazo dada la política económica desplegada por el Gobierno. Ningún organismo público o privado, internacional o nacional, salvo los próceres gubernamentales y sus paladines cuestiona este hecho.

 

La hipótesis gubernamental según la cual la reactivación de la economía resolverá o ayudará a resolver esa situación es irreal e ignora dos aspectos fundamentales. Por un lado, con un potencial crecimiento del 1,9-2%, como el español en estos momentos, es impensable confiar en la posibilidad de rebajar el binomio déficit-deuda por esa vía; por otro, la evidencia empírica muestra que una ratio deuda pública/PIB por encima del 90% deprime el crecimiento (Reinhart C.M. and Rogoff K.S, Growth in a Time of Debt, American Economic Review: Papers and Proceedings, 2010).

 

La fórmula favorita de la coalición social-comunista para intentar que el déficit se reduzca sin ajustar el gasto ha sido, es y quiere seguir siendo subir los impuestos. Si bien es evidente el carácter depresor sobre el consumo y la inversión privada producidos por esas medidas lo que ya se refleja en la evolución de ambas variables, hay un elemento adicional que se suele olvidar y tiene una extraordinaria relevancia: las decisiones de los individuos y de las empresas están influenciadas por sus expectativas sobre el futuro.

Si la dinámica alcista del gasto no se modifica, los agentes económicos comienzan a descontar que, antes o después, ello se traducirá en subidas impositivas. No consideran sólo sus ingresos presentes a la hora de adoptar sus decisiones de trabajo, ahorro, consumo o inversión sino también su renta y sus beneficios en el medio-largo plazo. Si el Gobierno no disminuye sus desembolsos y no existe perspectiva de que el déficit y la deuda bajen, anticiparan alzas impositivas y se deprimirá su propensión a trabajar, ahorras e invertir.

Y el tiempo importa. Cuanto más se espere, más costosa será la estabilización porque la deuda será cada vez más alta y cara en términos sociales y económicos. Por añadidura, en un marco en el que la deuda ya no se monetiza, las necesidades financieras del Gobierno competirán con las del sector privado, lo que reducirá y encarecerá la oferta crediticia a familias y empresas; es decir se producirá un efecto expulsión o crowding out en la jerga anglosajona.

Esta situación y la resistencia de la coalición gubernamental a hacer los deberes sólo contribuirá a un deterioro de las expectativas y del retorno de la economía al camino de un incremento del PIB alto, estable y sostenido.

Lorenzo Bernaldo de Quirós

Vicepresidente del IvMB