La sanidad privada: factor de cohesión social
Que la sanidad privada, al poner a disposición del Departamento de Salud todos sus recursos humanos y técnicos durante la pandemia, ha contribuido a la mejora de la eficacia global del sistema sanitario ha sido ampliamente reconocido.
Pero hay que identificar que no ha sido ésta la única contribución que ha realizado. Las entidades aseguradoras privadas han asumido y siguen asumiendo una parte nada despreciable de los costes económicos de esta situación.
La pandemia, por las propias características de fenómeno excepcional e impredecible, ha puesto en tensión extrema el sistema público, que, pese a una inyección extraordinaria de recursos y un esfuerzo sobrehumano de los profesionales, se ha visto obligado a priorizar el Covid por delante de otras enfermedades, lo que ha generado, secundariamente, problemas de accesibilidad a determinadas pruebas y servicios.
En esta tesitura, y dadas las circunstancias, algunos ciudadanos han visto en la contratación de pólizas o de servicios privados un buen remedio para su situación.
Y si la sanidad privada ha sabido dar respuesta a unas necesidades no cubiertas por parte de los ciudadanos, sería normal que todo el mundo aplaudiera esta contribución, además de la ya comentada de cargar una parte significativa de los costes de la pandemia y de coordinar los recursos humanos y materiales con los mandos de la estructura pública.
Desgraciadamente, sectores y grupos de interés alejados del conocimiento de las bien identificadas ventajas de la colaboración entre el sector público y el privado han intentado presentar de nuevo este último como causante de inequidades y de poner en riesgo la cohesión social.
Sin embargo, en un entorno de libertades como es Europa, la existencia de una importante red de empresas privadas, financiadoras o proveedoras de servicios sanitarios a cuenta de su propio riesgo, en complementariedad con unos servicios públicos de calidad, es y seguirá siendo una garantía de mayor equidad en el acceso a estos servicios, una fuente de creación de puestos de trabajo y mejora de miles de profesionales, y un entorno de producción de riqueza, el elemento más imprescindible para el mantenimiento de una sociedad más justa y desarrollada.
Un reconocido informe de la Fundación Grífols elaborado hace unos años por reconocidos expertos en biotética y economía, sentenciaba: «No es moralmente razonable considerar que una política que permite que todos estén «igualmente peor» es mejor que otra que posibilita que todos estén mejor a cambio de una desigualdad no sustantiva. La igualdad como símbolo puede tener su valor en determinadas ocasiones, pero la mejora de la salud tiene aún más valor, incluso simbólico, para una política sanitaria».
Intentar presentar como antisocial el hecho de que algunos ciudadanos, con su propio esfuerzo y a costa de renunciar a otras alternativas, hayan podido priorizar la contratación de una póliza privada o el pago directo de algunos servicios como salida a la lógica congestión a la que estaba sometido el sector público, es éticamente inconsistente y socialmente muy inoportuno en los difíciles momentos que estamos viviendo.
Esta realidad mejora la situación de todos sin perjudicar a nadie.
Y ahora, más que nunca, debemos saber sumar y dejar de estar divididos.
Reproducción de la Editorial de la Revista mensual de ACES (Associació Catalana d’Entitats de Salut).