Repartir empleo para generar paro, por Lorenzo Bernaldo de Quirós

En su acuerdo, titulado “Una Nueva coalición de Gobierno progresista para España”, el PSOE y la plataforma Sumar han pactado reducir la jornada máxima legal a 37,5 horas semanales sin reducción salarial, sin descartar llevarla a las 32 horas. Se resucita una vieja y recurrente idea de la izquierda. Ante su incapacidad de crear puestos de trabajo productivos y disminuir el paro el paro, opta por repartir el existente. Menos tiempo de trabajo para algunos debe liberar ocupaciones para otros. Esta postura se inserta en la larga tradición de las falacias económicas.

De entrada, no existe una cantidad fija de empleo susceptible de ser repartida. Aquella cambia en función de la evolución de la economía y, fundamental, del marco de instituciones laborales existentes. Por otra parte, para comprender las potenciales consecuencias de una disminución de la jornada es necesario integrar el análisis parcial del mercado de trabajo en un modelo de equilibrio general de la oferta y de la demanda agregada de mano de obra.

 

Cuando se realiza esa aproximación surge un segundo y grave problema, el trabajo puede ser sustituido por capital y su demanda depende del precio relativo de ambos factores de producción. Si los costes laborales cambian a raíz de la reducción de la jornada laboral, la demanda de mano de obra también lo hará y, si aquellos se elevan, se crearán menos puesto de trabajo y/o se destruirán parte de los existentes porque será más rentable sustituirlos por “máquinas” o tener menos empleados trabajando con mayor intensidad, salvo que la disminución de horas trabajadas se vea acompañada por la de los salarios.

‘La reducción de la jornada laboral ni genera más puestos de trabajo ni hace más feliz a nadie’

Los estudios empíricos disponibles avalan lo sostenido por la teoría: la reducción de la jornada no crea empleo. En Alemania, su progresivo recorte en la década de los años 80 del siglo pasado no tuvo impacto positivo alguno sobre la generación de puestos de trabajo; en Francia, el realizado en 1982, de 40 a 39 horas lo destruyó, y el acometido por la Ley Aubrey entre 1998 y 2002, desmantelado casi en su totalidad por siete cambios legislativos desde su aprobación, se tradujo en su breve período de vida efectiva en un aumento de la rotación laboral. Lo mismo puede decirse de las iniciativas en esta en esa línea adoptadas en Italia, en Bélgica, en Portugal y en Eslovenia.

 

Algunos autores sostienen que la disminución de la semana laboral impulsaría al alza la productividad. La fatiga de los empleados puede aparecer después de un número X de horas trabajadas. Por tanto, el efecto marginal sobre la productividad de una hora extra por trabajador tenderá a disminuir. En sentido contrario, cabe afirmar que trabajar más horas puede llevar a una mayor productividad si los empleados se enfrentan a costes fijos de instalación o si ello conduce a una mejor utilización del capital.

 

Si bien es difícil adoptar una posición tajante ante esa disyuntiva y los estudios empíricos son escasos, hay un hecho claro: las empresas, los sectores y las ocupaciones son distintas y el Gobierno carece de la información necesaria y suficiente para saber, o si quiera intuir, cómo puede comportarse la productividad tanto a escala micro como macro en el supuesto de que se introduzca por imperativo legal un recorte de la jornada laboral y, menos, cuando, como en España, el 99,08% de las compañías son pymes o micro pymes y la productividad ha crecido entre 2014 y 2002 un 0,3%, muy por debajo del 0,9% registrado por la media de la UE.

 

Entre los partidarios de disminuir la jornada, ha ganado audiencia un argumento: el proporcionar a la gente más tiempo libre. Esto plantea una pregunta elemental: ¿Quién es el gobierno para imponer a los individuos cuantas horas han de dedicar al trabajo y cuantas a ocio? Este enfoque de paternalismo autoritario muestra un auténtico desprecio de las preferencias de las personas que no son por definición idénticas.

Además, en el caso de España, un número considerable de ciudadanos no parece respaldar las intenciones de la izquierda reinante. De acuerdo con datos de Eurostat, los infraempleados, esto es, los ocupados que desearían trabajar más horas y no pueden hacer hacerlo, ascienden a 1,1 millones y suponen el segundo porcentaje más alto de la UE tras los Países Bajos.

El nivel de satisfacción de los trabajadores en los países europeos donde se ha producido un recorte de la jornada laboral impuesta desde el Gobierno no ha mejorado y el ocio obligatorio concedido por el gobierno no parece haber aumentado su felicidad o su bienestar. Al contrario, aquel ha decrecido en el periodo 1996 y 2001 en aquellos estados donde se implantó esa medida. Ello sugiere que muchos empleados desean trabajar más, lo que, por ejemplo, ha provocado un incremento del pluriempleo.

La reducción de la jornada laboral ni genera más puestos de trabajo ni hace más feliz a nadie. Es tan solo la muestra de la incompetencia y de la ignorancia de la izquierda patria.

Lorenzo Bernaldo de Quirós, 

Vicepresidente del Instituto Von Mises Barcelona

Publicado originalmente en El Español