La nueva Ley de Vivienda expulsará a las familias a las que se pretendía proteger
En la ley de vivienda encontramos algunos mecanismos bien pensados, como la nueva tipología de vivienda asequible incentivada o los cambios en los incentivos fiscales a los propietarios. Los segundos permiten al propietario decidir o bien cobrarle más al inquilino, pero pagar más a Hacienda, o rebajar el alquiler y obtener la diferencia por el menor pago a la Agencia Tributaria. Estos son buenos mecanismos para mantener o aumentar la oferta de vivienda en alquiler.
Por último, la limitación del precio de los alquileres, el aspecto más conflictivo de la ley, es todavía peor en el nuevo texto. Desde una perspectiva conceptual la regulación de precios o rentabilidades es una política adecuada en un mercado monopolista u oligopolista con pocos productores. Imaginemos una persona que quiere alquilar una vivienda y el propietario le pide 2000 Euros. Entonces le dice que se irá al piso que ha visto abajo y el propietario le dice que también es suyo y son 2000 Euros. Ante esto dice que no importa. Que ha visto otro piso en esa misma calle y el propietario le dice que también es suyo y que son 2000 euros. Este no es ni de lejos el caso del mercado del alquiler en España, donde solo el 5% del parque de vivienda en alquiler pertenece a grandes tenedores y hay casi dos millones de declarantes de rentas inmobiliarias del alquiler. En áreas tensionadas como Barcelona, incluso con la definición sui generis de gran propietario como aquel que posee más de 10 viviendas, rebajada a 5 en el nuevo texto, solo se alcanzaría el 15,4%.
‘De esta forma, el error en el diagnóstico (grandes tenedores controlan el mercado) que fundamenta la limitación de los precios producirá efectos colaterales muy negativos como muestran los estudios empíricos: reducción de la oferta de vivienda en alquiler, aparición de un mercado negro, etcétera.’
De esta forma, el error en el diagnóstico (grandes tenedores controlan el mercado) que fundamenta la limitación de los precios producirá efectos colaterales muy negativos como muestran los estudios empíricos: reducción de la oferta de vivienda en alquiler, aparición de un mercado negro, etcétera.
Este proceso en lugar de favorecer a la gente con pocos recursos económicos multiplicará los castings inmobiliarios y expulsará del mercado del alquiler a las familias a las que se pretendía proteger, incrementando las colas de ciudadanos buscando viviendas de alquiler. Que se lo pregunten a los suecos que gracias a estrictos topes de alquileres pueden pasar años buscando un piso para alquilar con un floreciente mercado negro para avanzar puestos en las listas de espera. Pero esto al gobierno no parece preocuparle. Como dijo la ministra Sánchez: “Topar el precio de los alquileres es progresista”, parece que con independencia de los efectos que tenga. Pues vaya progresismo más raro.
Catedrático de Economía (UPF)
Extracto del artículo “Semana de vivienda” publicado originalmente en La Vanguardia